Las plataformas de padres de Castilla y León lo tienen claro: “No sólo es que no se adopte ninguna medida para garantizar a los padres ese derecho, como exige la Constitución, sino que éste es arrebatado una vez más, con palabras vagas e imprecisas, pero que ya hemos comprobado lo que están suponiendo en la práctica. Detrás de frases como la que aparece en este texto del Pacto: “Es necesario promover actuaciones a fin de garantizar la educación en los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada a todo el alumnado”, está el proceso de imposición de una determinada ideología en la escuela. Esto es lo que entiende este Gobierno por valores propios de una sociedad democráticamente avanzada: imposición del relativismo moral, del positivismo jurídico, de la ideología de género, del estatalismo, del pensamiento único y de una visión concreta de la sexualidad, imposiciones que vulneran la sentencia del 11 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo, que recuerda el deber de neutralidad ideológica de la escuela y prohíbe expresamente el adoctrinamiento. Todo esto, sin embargo, se va a ver reforzado si el Pacto sale adelante, puesto que así se dice en su texto: “Impulsaremos la educación en valores desde todas las áreas”.”

Para los representantes de las plataformas de padres de Castilla y León: “Todo se queda en palabras imprecisas. Es evidente que en ese impulso en lo que llaman ‘educación en valores’ entrará el capítulo educativo de la Ley del aborto, un aspecto que preocupa a miles de familias y que tampoco aparece en este Pacto, con lo que volveremos a encontrarnos ante una situación de hechos consumados que generará nuevos y graves conflictos en la escuela, porque muchos padres no vamos a aceptar esta nueva intromisión del Estado en cuestiones que afectan al ámbito de la moral y la intimidad de nuestros hijos”

“Es inaceptable que se pretenda forzar un Pacto en el que se ha excluido absolutamente la libertad de educación”, añaden. “Se ignora, entre otras cuestiones, el grave conflicto que está suponiendo la imposición de Educación para la Ciudadanía, un conflicto que ha lanzado a miles de padres a los Tribunales, a defender los derechos que el Estado les ha quitado, y que el Ministerio trata de eludir, una vez más, sin escuchar siquiera a los miles de familias que le exigen el respeto de sus derechos fundamentales”

A este grave conflicto se ha referido también Francisco José Ramos Vega, abogado de la mayoría de las plataformas castellano leonesas, que tiene actualmente más de 200 recursos en el Tribunal Supremo: “El próximo día 28 de abril, el Tribunal Supremo votará y fallará los primeros recursos de casación contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean exonerados de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía, sin que esta dispensa pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”.

Según Ramos Vega, “este alto tribunal debería ratificar la sólida fundamentación de estas sentencias de Castilla y León, que es difícilmente rebatible, con lo cual las sentencias serían firmes. Pero también puede revocarlas, sin entrar al fondo del asunto, limitándose a reproducir lo que ya dijo en las sentencias dictadas el 11 febrero de 2009. En este caso, nuevamente nuestro Tribunal Supremo dejaría sin resolver la controversia, planteada en términos de garantizar el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos, vulnerado por la configuración normativa de EpC. En este segundo caso, afirma el letrado, tenemos la firme decisión de recudir en amparo al Tribunal Constitucional.”

Así se expresan los portavoces de las plataformas castellanoleonesa: “Excluir del Pacto, por tanto, una cuestión que tiene a miles de familias defendiendo sus derechos en los tribunales, supone un desprecio a dichas familias y a la libertad de educación. Esperamos que los políticos que tienen en sus manos el futuro de nuestro Sistema Educativo no apoyen este Pacto y defiendan de forma efectiva la Libertad de Educación y los Derechos de los Padres”

El titular del juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo de Zaragoza, Luis Carlos Martín, ha desestimado el recurso del Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) para retirar del consistorio de la capital aragonesa el crucifijo del siglo XVII que preside sus sesiones plenarias.

El boicot al Cristo del Ayuntamiento había sido rechazado tanto por el pleno como por el alcalde, el socialista Juan Alberto Belloch, pero en septiembre de 2009 dicha organización laicista acudió los tribunales.

El juez sentencia ahora que no hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico español que impida la visibilidad en una institución pública de una imagen religiosa con valor cultural o artístico, como es el caso, y que además no ha sido colocada ahora, sino que lleva en el Ayuntamiento tres siglos.

Es más, afirma el magistrado, «el hecho de eliminar toda manifestación de tipo religioso a ultranza, cualquiera que sea su signo, vendría a dar prioridad a una determinada consideración del fenómeno religioso, como es el agnosticismo», más aún si la imagen es «uno de los elementos más importantes de la historia del municipalismo» en Zaragoza y «forma parte de una tradición», siendo uno de los elementos de mayor valor artístico de la colección del Ayuntamiento.

En este sentido, la sentencia recuerda que el escudo de Aragón, reconocido en el Estatuto de Autonomía vigente, incluye tres cruces: si, en aplicación del principio de aconfesionalidad del Estado, se suprimieran las tres cruces, «habría que convenir que dicho escudo ya no sería el de Aragón».

Su centro cultural de Alcalá, que también es un lugar de rezo, está abierto a hombres y mujeres y también a niños y niñas que aprenden árabe en su modesto local. Invita al periodista a dátiles y muestra orgulloso las modestas instalaciones, que ya se están quedando pequeñas: 3.000 personas participan a lo largo del año en sus actividades religiosas y culturales.

–¿Debe permitirse ir a clase con pañuelo o ‘hijab’?

–Aquí hay democracia, hay que dejar a cada uno que haga lo que le dé la gana. También veo a chicas que tienen piercing y me da mucha pena, pero es la libertad… El pañuelo musulmán es exactamente igual que el pañuelo de las monjas. A ellas nadie se atreve a decirles que se quiten el pañuelo.

–¿Y se le ocurre alguna restricción en la vestimenta para los hombres musulmanes?

–Podemos vestir de cualquier manera. Aunque en el desierto vestimos muy parecidos, porque hay que protegerse. Allí hace mucho calor…

–Claro… Y volviendo a España: ¿No ha pensado nunca que, como los hombres no van cubiertos, probablemente las mujeres los miran?

–Sí, somos humanos. Pero todas las religiones hablan de una cosa: proteger a la mujer, no mezclar. La civilización europea ha llegado a los cambios de pareja, y esto está completamente lejos de lo que dijo Jesús. Los hombres no deben mirar con deseo a las mujeres, tu esposa ha de ser suficiente para ti. Dios quiere que vivamos en paz.

–Habla de una cierta degradación europea. ¿Y no le preocupa la violencia contra las mujeres bajo una pretexto religioso que ocurre en los países musulmanes? Me refiero, por ejemplo, a la lapidación.

–Eso era antiguamente, ya casi no existe. Si un hombre casado o una mujer casada cometen adulterio se necesitan cuatro testigos presenciales. Casi no se da.

–Pero todavía suceden y le preguntaba qué le parecen los latigazos y las lapidaciones.

–Son leyes de Dios, que puso leyes para conservar a la gente, no para matarla. Por ejemplo: cortar la mano. Si cortamos la mano sólo a uno servirá para prevenir que el resto robe. Si lapidamos a una persona entonces la gente se cuidará. Pero ahora en Europa están las playas nudistas… [menea la cabeza con tristeza] …con las mujeres desnudas delante de sus familias… está completamente lejos de toda religión.

–¿Pero no le parece un poco cruel lapidar o dar latigazos a alguien, por muy reprochable que le parezca su conducta?

–Yo soy de Egipto y allí eso no existe. Es muy difícil reunir cuatro testigos. Pero si los hay entonces hay que aplicarlo a los que están casados, sea el hombre o la mujer o bien ambos. Si no están casados: 80 latigazos.

–Pues aunque suceda pocas veces, aquí horrorizan ese tipo de castigos.

–Posiblemente es algo muy cruel. Pero tu tienes que prevenir, igual que hay leyes y hay cárcel. Y no lo haces para no ir a la cárcel. El islam te deja casarte hasta con cuatro mujeres –y el cristianismo casó al rey Salomón con mil mujeres– por una razón: antes los hombres morían mucho y había muchas viudas. Y sigue habiendo más mujeres.

–Personalmente: ¿Le parece cruel lapidar sí o no?

–Son leyes de Dios. Si tengo fe en Dios no puedo decir que es cruel. Trato de obedecer y no hacer esas cosas para no llegar a esa situación.

Mientras Grecia negocia en estos momentos su rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE), Zapatero saca pecho. Preguntado el miércoles en el Congreso por si, tras Grecia, España podría ser la próxima economía europea en enfrentarse a la quiebra, el jefe del Ejecutivo no dudó ni un instante en señalar que no es “conveniente” abundar en tales comparaciones porque no sería bueno para Grecia.

De hecho, el Gobierno participará en el rescate griego mediante un crédito de 3.662 millones de euros a tres años que, según los cálculos de Economía, reportará a las arcas públicas unos 110 millones de euros anuales en concepto de intereses.

Hasta aquí la postura oficial del Ejecutivo, pero ¿qué opinan los analistas? La posición de los expertos no puede ser más opuesta: “Si piensan que Grecia da miedo, prepárense para España”. En un reciente análisis de la prestigiosa web Business Insider se pone de manifiesto las importantes debilidades de la economía nacional, y la conclusión es que la situación no está, ni mucho menos, para tirar cohetes, tal y como pretende hacer ver a la opinión pública el Ejecutivo.

Para empezar, el FMI sitúa a España a la cola del mundo desarrollado en 2010. Será el único país rico en recesión este año, ya que el PIB caerá un 0,4% interanual, según el organismo, mientras que prevé un exiguo repunte del 0,9% para 2011, por debajo del 1,8% estimado por Economía, y muy lejos de las tasas necesarias para volver a crear empleo neto (crecimiento económico superior al 2%).

Además, España seguirá liderando la tasa paro de los países ricos, con un 19,4% en 2010 y un 18,7% en 2011. También se encuentra entre los países con mayor déficit público y exterior (diferencia entre exportaciones e importaciones). Así pues, la esperada recuperación será débil e incierta en “España, Grecia, Irlanda y Portugal”, debido a que el crecimiento se verá frenado por “los grandes desequilibrios fiscales o por cuenta corriente”, indica el informe del FMI.

Según el FMI, la caída de Grecia podría transformarse en una crisis de deuda soberana a nivel de la zona euro. El presidente del Bundesbank (banco central alemán), Axel Weber, apoya la tesis al señalar que la estabilidad del sistema financiero sigue siendo muy frágil y existe un significativo riesgo de “efecto contagio. Un posible default de Grecia asestaría, muy probablemente, un duro golpe económico para otros países de la Unión Monetaria”.

El riesgo soberano de Grecia ha vuelto a registrar nuevos máximos. El diferencial con respecto al bono alemán a diez años ascendió a 529 puntos básicos el miércoles, situando el coste de la financiación en el 8,3%, arrastrando a España y Portugal.

Los credit default swaps (CDS) -seguro contra impago de deuda- de Portugal subieron 36 puntos, hasta los 235, mientras que el riesgo país de España creció hasta los 162 (17 más). Los CDS de ambos países están al borde de los máximos históricos registrados el pasado año. En la mañana de este jueves la tensión no ha hecho más que aumentar. Los CDS de Grecia se aproximan a los 550 puntos básicos.

Ante esta situación, los analistas ponen de relieve los grandes retos fiscales a los que se enfrenta el Gobierno. Barry Knapp, analista de Barclays Capital, avanzaba ya en febrero el rescate de Grecia para esta primavera -Atenas podría solicitar oficialmente la ayuda en menos de dos semanas-, y advertía sobre España en los siguientes términos:

“La próxima ronda significativa de financiación para Grecia llega en abril”, pero el mercado “se enfrenta a otro obstáculo significativo en julio” debido a las necesidades financieras del Gobierno español. En concreto, el próximo julio el Tesoro tiene que colocar en el mercado cerca de 25.000 millones de euros de deuda pública -las necesidades totales de financiación superan los 225.000 millones para el conjunto del año-.

En este sentido, Knapp advierte: “Creemos inevitable que los países que sufran un caída de ingresos fiscales y grandes cargas de deuda pública buscarán una solución que castigue a sus acreedores (suspensión de pagos y reestructuración de deuda), en vez de a su población, en particular, si la deuda con el exterior se mantiene”.

Éste es, precisamente, el caso de España, cuya deuda exterior aumentó en 2009 como consecuencia del endeudamiento público, pese a que familias y empresas (sector privado) han comenzado ya el necesario desapalancamiento (amortización de deuda) mediante el aumento de ahorro.

En esta misma línea se sitúa el banco estadounidense Goldman Sachs al señalar que “si bien es muy bien sabido que Grecia se encuentra en problemas, otras tambaleantes economías de Europa podrían caer fácilmente como fichas de dominó si la crisis griega es mal manejada”. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los conocidos PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España).

“El efecto contagio por el sur de Europa se producirá en función de la reacción política en Grecia, la oportunidad y alcance del rescate financiero (si resulta ser necesario), las políticas del BCE y las medidas políticas en los distintos países”, añade. “Toda la periferia de la zona euro se enfrenta a grandes necesidades de financiación, y para contener su coste los gobiernos han comenzado a perfilar las medidas fiscales que deberán realizarse este año”.

“Hay mucho en juego”, alerta. Y es que, según Goldman, “si el contagio de Grecia hunde a los países (incluida España), entonces hasta un 20% ó 30% del PIB de la eurozona podría encontrarse bajo un estrés severo”.

En su informe,The Euro-zone Challenge: Greece and Contagion, elaborado por Erik F. Nielsen y publicado el pasado febrero, Goldman concluye que Grecia puede arrastrar a las economías más débiles de la zona euro. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Todo dependerá del resultado del rescate, pero muchos analistas coinciden en que, pese al rescate, Atenas se verá obligado a suspender pagos y reestructurar deuda. Es decir, corre el riesgo de que el rescate no surta el efecto deseado.

En este sentido, la prestigiosa firma de análisis e inversión Wharton recomienda a los inversores que, más allá de Grecia, centren su atención en España. La razón es que, mientras que la quiebra de Grecia y Portugal puede ser “manejable”, la de España “podría tener una gran repercusión negativa para Europa y el conjunto de la economía mundial”, debido al gran tamaño de su economía.

“España es un caso diferente”, ya que es demasiado grande para ser rescatada. Por ello, según Wharton, los inversores deben preocuparse “por la capacidad de España para pagar sus deudas. La necesidad de un plan de rescate español nos puede conducir a una segunda fase de la crisis financiera mundial, una donde el euro podría desaparecer y el mundo podría caer en un proteccionismo comercial mortal y destructor”, añade.

“La viabilidad del euro podría llegar a cuestionarse si los países más fuertes rechazan sostener a los más débiles y deciden que su destino mejoraría mediante la independencia monetaria”. Ésta es, precisamente, la postura que ha defendido Alemania: no al rescate de Grecia y expulsión de países. En las últimas semanas la canciller Angela Merkel parece que ha dado su brazo a torcer, pero el rechazo a rescatar a Atenas sigue aumentando entre la ciudadanía y las altas esferas de la economía y política germana.

Por último, según McKinsey, otra prestigiosa firma de análisis internacional, la suma de la deuda que acumula el Gobierno español, las empresas y los hogares en relación al PIB supera el nivel de todos los países desarrollados, a excepción de Reino Unido y Japón. Es decir, España es uno de los países más endeudados del planeta, con un nivel próximo al 350% del PIB.

El informe de McKinsey Global Institute, titulado Debt and deleveraging: The global credit bubble and its economic consequences (Deuda y desapalancamiento: La burbuja crediticia global y sus consecuencias económicas), no deja lugar a dudas.

España lidera la necesidad de desapalancamiento a nivel mundial, tanto a nivel financiero como empresarial -excluyendo el sector construcción-. Además, las familias han registrado el mayor apalancamiento del mundo respecto a su renta bruta entre 2000 y 2008. En concreto, España ha sido el país donde este ratio se ha incrementado más (un 88% de 2000 a 2008), ya que también ha sido donde más creció el crédito, un 7,4% medio anual. De esos barros vienen estos lodos.

El problema es que la sustitución de deuda pública por privada ha impedido que se inicie de forma significativa el necesario desapalancamiento del sistema. Mientras familias y empresas ahorran y amortizan créditos, la deuda y el déficit gubernamental crecen a tasas históricas.

España es el único de los analizados que necesita reducir deuda en cuatro de cinco categorías incluidas en el informe siendo, previsiblemente, la nación en la que el ajuste va a ser más intenso y duradero.

Existen varias formas de salir de esta situación y reducir el endeudamiento: austeridad, impagos masivos o inflación elevada (que reduce el valor real de lo adeudado), o bien un aumento significativo de la riqueza nacional debido a una circunstancia extraordinaria (algo poco probable de momento).

Cabe extraer tres reflexiones del informe. Uno, cuanto más tarde en iniciarse el proceso de ajuste (desapalancamiento), más tarde se completará (aún no ha empezado en España). Dos, el suelo del PIB se materializa normalmente en los primeros años de reducción del endeudamiento, lo que reforzaría la tesis de los defensores del doble caída (double dip) en la economía. Y tres, en las economías más abiertas y especialmente en las exportadoras, la corrección se acelera por el apoyo que la debilidad de la moneda del país que sufre el ajuste ofrece a sus exportaciones y, por ende, a su PIB. Tampoco es el caso de España que carece de la flexibilidad que ofrece una moneda propia y de las ventajas derivadas de una competitividad que es menor que la del resto de los miembros de la UE.

Visto lo visto, el optimismo que muestra Zapatero y su atrevimiento respecto a la situación de Grecia es, como mínimo, temeraria.

Estas entidades, que representan a miles de familias de la C. Valenciana, recriminan a Ángel Gabilondo su negativa a abordar algunos de los temas más preocupantes y polémicos de la Educación española, pretendiendo hacer ver que “no son determinantes ni suponen problemas educativos”, pese a que están íntimamente relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. Así mismo, le reprochan que haya incumplido su compromiso de escuchar a las entidades que representan a los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), con quienes aseguró estar dispuesto a buscar una solución al conflicto.

La propuesta final del Gobierno no aborda cuestiones esenciales de la educación: ¿qué se pretende?, ¿cómo se intentará conseguir?, ¿cuál es el papel que han de desempeñar cada uno de los agentes de la educación? Las respuestas a estas preguntas habrían de ser el punto de partida del que tendrían que derivarse medidas y actuaciones concretas.

AEL, CEL y VAEL reivindican como principio básico el reconocimiento expreso de que es a los padres a quienes corresponde la máxima y primera responsabilidad en relación con la educación de los hijos. También exigen un escrupuloso respeto del derecho a educarlos conforme a sus principios y valores, con la fructífera colaboración de otros miembros de la comunidad escolar.

En el documento elaborado por el Ministerio, se echan en falta medidas relativas a la modificación del estatus académico de EpC o de sus currículos y que detallen cómo se va a llevar a cabo la educación sexual obligatoria que contempla la ley del aborto, de manera que en ambos casos se respete el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral que sea acorde con las propias convicciones. “Ciudadanía cívica activa”, sí; pero no cualquiera ni a cualquier precio. Los padres objetores ya conocen lo que quiere decir este Gobierno cuando habla de “ciudadanía”: relativismo moral, positivismo jurídico, ideología de género, estatalismo, pensamiento único, tiranía de lo políticamente correcto y tantos otros postulados falsamente progresistas.

Tampoco se ha querido buscar una fórmula que evite la discriminación que sufren los alumnos que optan por recibir enseñanzas de Religión, pues la alternativa para quienes no lo hacen carece de contenido y es de carácter no evaluable.

Nada se ha hecho por garantizar –como establece el artículo 84.1 de la LOE– el derecho de elección de centro, algo muy diferente de la lacónica invitación a “favorecer la libertad de elección de las familias”.

Por otra parte, el Ministro ha eludido abordar la problemática de la elección de la lengua vehicular en la enseñanza. En un intento de manipular a la opinión pública, su Departamento recuerda un viejo objetivo presente en los currículos desde hace décadas: que, al acabar la enseñanza obligatoria, todos los alumnos han de dominar el español y, en las comunidades donde los haya, los idiomas cooficiales. Bien saben Gabilondo y su equipo que una cosa es estudiar una lengua y otra, bien distinta, estudiar en esa lengua. Y lo que se reclama es que los alumnos residentes en regiones bilingües puedan estudiar en la lengua por la que libremente opten.

Finalmente, las tres asociaciones valencianas rechazan que, contradiciendo la realidad natural y el ordenamiento constitucional que reconoce a los padres ese derecho –que es al mismo tiempo un deber–, desde la Administración se presente a los profesores como máximos responsables de la educación de los menores en facetas con implicaciones morales, en tanto que a los padres se les atribuye un papel subsidiario… como a los medios de comunicación.

Es este un error de concepto de tanta trascendencia que, por sí solo, imposibilita que estas entidades puedan considerar válido un acuerdo inspirado en él.

En definitiva, AEL, CEL y VAEL denuncian que las medidas que el Ministerio de Educación propone no atienden al fondo del problema educativo ni al núcleo de partida de los postulados de la educación, además de responder únicamente a un modelo ideológico. Por lo tanto, las consideran inaceptables. Además, piensan que, si de verdad quiere un pacto educativo, Ángel Gabilondo aún está a tiempo de conseguirlo… Pero, para ello, es imprescindible que actúe con una auténtica disposición al diálogo. Sin omitir ningún tema… y sin marginar a nadie. Estas tres asociaciones quedan a su disposición.

Obama consiguió ya un triunfo la víspera, al lograr que el presidente chino, Hu Jintao, apoyase su paquete de medidas contra Irán, algo a lo que venía oponiéndose, al temer que los iraníes les cortasen sus suministros de petróleo. La promesa norteamericana de que se le suministrarán por otro lado, ha vencido sus renuencias. Ahora falta convencer a los demás, a los rusos y franceses, que temen por sus exportaciones a Irán.

Obama ya se reunió con Medvedev y Sarkozy y lo esta haciendo con sus colegas de Ucrania, Nigeria y Sudáfrica, todos ellos con intereses en uranio y petróleo.

Obama pida a los 47 reunidos que guarden sus residuos nucleares bajo siete llaves y sanciones para los delincuentes, será el primero en prometerlo. ¡Adiós Alianza de Civilizaciones!  Ahora toca perseguir a las naciones enemigas.

Es curioso que los mismos que criticaban a Aznar por seguir los pasos de Bush sigan ahora los de Obama con la misma devoción canina, no del todo correspondida, pues Bush al menos permitía a Aznar poner los pies en la mesa de su rancho, mientras Obama no ha invitado todavía a Zapatero a su casa e incluso ha cancelado la prometida visita a España.

Pero, en fin, si Obama le hace olvidar ese juguete de la Alianza de Civilizaciones, que nos está costando un dinero sin servirnos para nada, bienvenido sea el seguimiento. Aunque, ¿saben ustedes una cosa? Yo, que Obama, no me fiaría demasiado. Alguien que cambia de actitud de un día a otro sin justificarlo ni siquiera admitirlo, puede volver a la actitud anterior sin pestañear.

Hay quien dice que Zapatero no ha roto del todo con ETA y que, si se le presenta la ocasión, volverá a negociar con ella. Del mismo modo, si mañana le conviniese volver a estrechar lazos con los «estados delincuentes», lo haría con ese gesto tan suyo de abrir los brazos y «a mí, que me registren».

Entre los ponentes invitados se encontraban Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado; Alicia Delibes, viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid; Antonio Amate, secretario general de FEUSO; y Arturo Galán, vicedecano de la Facultad de Educación, UNED. La mesa estuvo moderada por Mª Carmen Carrón, profesora y Presidenta de ARCYP, quien a modo de breve introducción consideró que un pacto escolar es un tema de interés, importante y de actualidad y recordó la preocupante situación del sistema español, con el 30% de fracaso escolar.

La moderadora lanzó varias preguntas a los ponentes: “¿Cuáles son las cuestiones más graves que afectan hoy al sistema escolar? ¿Recogerá el Pacto escolar grandes retos? ¿Qué aspectos son irrenunciables en el texto?”

Los participantes no hicieron alusión alguna a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, obligatoria para todos los alumnos y, según muestran las miles de objeciones, rechazada por una gran parte de los padres. Sin embargo, sí coincidieron en la necesidad de un sistema educativo que respete la elección de centro, pues sólo los padres que lleven a sus hijos a colegios privados tienen la seguridad de poder escoger la educación que quieren que sus hijos reciban, y esto está contemplado en la Constitución. Por lo tanto, insistieron en que la Administración otorgue a los padres este derecho inherente para elegir el centro que mejor se adapte a sus convicciones y valores.

Para la Presidenta del Consejo Escolar del Estado, el pacto propuesto por Gabilondo es aceptable. Aunque en las 137 propuestas no se incorpora una memoria económica ni se da la libertad de elección de centro, como antes se mencionaba, Carmen Maestro se mostró conforme con el texto del Gobierno. Sin embargo, los demás ponentes vieron carencias en el documento que tienen que ser contempladas.

Según Antonio Amate, “el documento no es la medicina que necesita el sistema”. Sí reconoció que se plantea “alguna fórmula” para resolver algunas cuestiones pero pidió que fueran “más específicas”. Así, reclamó medidas más específicas, una educación personalizada y la libertad de elección de centro y, además, lanzó una cuestión sobre la mesa: “La Religión tiene que estar en la escuela pública”. En este sentido, destacó que también se ha de tener en cuenta a su profesorado.

Por otro lado, Alicia Delibes señaló que en la propuesta de Gabilondo no se incorpora prácticamente ninguna novedad a lo que recogía la ley popular LOCE, y lo tildó de “indignante”. Igualmente, defendió la libertad de centro.

Finalmente, Arturo Galán partió de que proponer un pacto significa que se ha reconocido que hay unas carencias y unos problemas y esto, afirmó, “es positivo”. Sin embargo, dijo que hay que “analizar la educación desde el punto de vista profesional teniendo en cuenta el dominio relativista y nihilista, cuyas consecuencias son importantes” y advirtió de la tentación de “renunciar al deber de educar bajo el pretexto de la libertad de los jóvenes”. “Un pacto –prosiguió- puede solventar ciertos problemas pero tenemos que conseguir que los alumnos se apasionen y se interesen por su estudio y por sus vidas”.

Por último y a modo de resumen, manifestó que la Administración “no puede marcar las líneas ni planteamientos de cómo educar”. “La buena formación académica debe estar garantizada por el Estado pero como personas corresponde a padres y centros”.

La semana pasada, se han conocido las actuaciones que ha empezado la Fiscalía General del Estado para revisar las acusaciones contra el doctor Morín por abortos ilegales para aplicarle los ‘beneficios’ de la nueva Ley y reducir así las penas que le corresponden. El Gobierno, una vez más, favorece el negocio del aborto para a las organizaciones ideológicamente afines a su visión de la sexualidad.

Además, las clínicas abortistas y la Junta de Andalucía se han puesto en marcha para abrir el aborto masivamente y con descuentos en los precios para las menores de 18 años mostrando así que la razón última, del empeño de la Ley por permitir el aborto de las niñas de 16 y 17 años sin el consentimiento ni la información de sus padres, no tenia otra finalidad que abrir un nuevo mercado para quienes han convertido el aborto en un puro negocio mercantil. La Junta de Andalucía favorece injustamente el negocio del aborto firmando acuerdos para ofrecer descuentos, olvidándose por completo y dejando desprotegida a la mujer que se encuentra ante un embarazo imprevisto, en vez de buscar alternativas como la Ley RedMadre. Una iniciativa promovida en la región y apoyada por más de 90.000 andaluces, que propone ofrecer ayudas a las mujeres embarazadas y que fue rechazada por la Junta.

Por otra parte, la ministra Aído ya ha empezado a dedicar decenas de miles de euros a financiar la introducción en las escuelas de los planteamientos de género y de salud sexual y reproductiva.

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, recuerda que “con esta Ley se avanza en la introducción en el ordenamiento jurídico español de los planteamientos propios de de la ideología de género para convertirlos en únicos y obligatorios en la educación sin contar para nada con la voluntad de los padres de familia y de los propios menores”.

Las últimas actuaciones del Gobierno confirman que “la nueva ‘Ley del Aborto’ favorece el negocio del aborto, limpia las responsabilidades penales de quienes incumplieron la Ley anterior y permite que el Estado haga suyos los intereses del lobby de género. Este es ya su balance, incluso antes de haber entrado en vigor”, señaló Benigno Blanco.

El Foro de la Familia anima a toda la sociedad a que se implique directamente en la defensa de la vida, en el apoyo a la mujer embarazada en situación de desamparo social y a todos los padres que se involucren directamente en la educación sexual de sus hijos.

En primer lugar, a personas pobres, sin ningún recurso económico, de cualquier edad, sexo y en condiciones terminales. No importa de dónde llegan ni quién los trae. Necesitamos sólo saber qué enfermedad tienen para poderlos curar mejor, ninguna otra pregunta o condición.

¿Qué le permite valorar la vida de estas personas, en unas condiciones que podrían hacer pensar en que sería mejor no vivir?

Lo que permite valorar la vida de estas personas es sólo el hecho de que son queridos por Dios. Él es el que me da la vida a mí y a todos. No es una medida nuestra la que hace que la vida sea vida. Para mí es un honor hacer compañía a estas personas, a Él mismo que se me hace presente en la realidad de mis enfermos.

¿Cómo soporta el sufrimiento que supone ver morir a tantos de los enfermos que cuida?

El sufrimiento, el límite, la muerte mantiene viva la pregunta y me hace pedir, como un mendigo, su misericordia. Una herida, como la del costado de Cristo Resucitado, permitió a Santo Tomás reconocer -”Mi Señor y mi Dios”-, con gran sorpresa. Cristo hace que lo que para el mundo es un problema para nosotros sea un recurso.

El Gobierno de Paraguay ha reconocido públicamente el valor de la obra que usted sostiene.

Los gobernantes reconocen la novedad de esta posición frente a estas personas y reconocen también la gratuidad de la obra, que tiene como único objetivo reconocer a Cristo en el rostro de estos pordioseros.

Yolanda Menéndez

Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas revelan un creciente descontento de la sociedad respecto de la política. No en vano, los políticos y la clase política se han convertido en el tercer problema más importante para los encuestados. Es además en la franja de edad que va desde los 35 a los 44 años, en teoría una de las más politizadas, en las que se acumula un mayor desencanto.

¿Por qué se ha transformado la política en un problema? ¿Hemos depositado demasiada confianza en su tarea?

La política es casi siempre “un problema” en las sociedades democráticas, porque no es fácil llegar a ser ciudadanos capaces y responsables, ya que la virtud cívica requiere un esfuerzo moral e intelectual. Cuando ese esfuerzo no se hace, la política se convierte en cosa de los políticos y sus compañeros de viaje, los problemas colectivos no se resuelven o se resuelven mal, y crecen la desconfianza y la confusión.

Usted ha afirmado que en la sociedad civil española, ante la crisis económica, hay asociaciones con espíritu proactivo, cuya voz va más allá de su interés particular pero cuyo número no es suficiente. ¿A qué atribuye esa carencia de una mayor demanda de responsabilidades hacia los políticos?

A que una gran parte de la sociedad, no sintiéndose muy responsable ella misma de los asuntos comunes, no sabe o no se atreve a atribuir la parte de responsabilidad que le corresponde a su clase política. La sociedad exigiría más, y mejor, si se exigiera más a sí misma.

Queda acreditada la falta de confianza que genera la clase política entre los ciudadanos. Pero ¿qué confianza tiene depositada esa clase política en las capacidades de la sociedad civil?

De hecho, la clase política confía en la sociedad, a su modo. Tiene el tipo de confianza de quien confía en que la sociedad le dé su voto; y es evidente que por ahora se lo da. No confía apenas en que la sociedad participe y debata por su cuenta sobre los asuntos públicos; porque cree que, en ese caso, la sociedad entraría en el terreno que la clase política, y sus adláteres, consideran como el suyo propio.

¿Qué experiencias destacaría del resto de sociedades occidentales? ¿Qué efectos tiene una mayor implicación de esa sociedad civil? ¿Es beneficiosa la descentralización del poder?

Sin duda hay sociedades occidentales, las nórdicas, por ejemplo, con un grado de virtud cívica mayor que la española, en las que la ciudadanía y la sociedad civil son más activas, y en las que los debates son más razonables, en buena parte porque las gentes suelen escucharse unas a otras y han aprendido (para empezar en la escuela, en la familia, entre amigos, y luego en los medios de comunicación y en la sociedad) a no interrumpirse unas a otras, ni a abusar de las palabras.

Este viernes el Consejo de Ministros aprobó el documento con medidas anticrisis que ha negociado con los grupos parlamentarios en la Comisión Zurbano. El Ejecutivo ha buscado un pacto del que el principal partido de la oposición denuncia una carencia de contenidos concretos. ¿Qué opina?

Lo raro es que un documento así no se haya presentado ya hace mucho tiempo, dado que vivimos en medio de una crisis gravísima desde hace un año y medio (si tomamos como referencia, por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers). Aunque tal vez lo que ocurre es que, para una parte de la clase política, el tiempo ni corre ni vuela ni pasa, porque ella está instalada en una especie de eternidad, y en la contemplación de sí misma.