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Los derechos de los padres quedan excluidos del pacto social y político por la educación

2 mayo 2010

La pasada semana el Ministerio de educación daba a conocer su propuesta definitiva de lo que han llamado Pacto Social y Político por la Educación. Entre los muchos objetivos y medidas que aparecen en dicho documento, no hay ni una sola mención a los derechos de los padres reconocidos en la Constitución Española: “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Una vez más, por tanto, la libertad ideológica y de conciencia queda excluida de los planteamientos de este Ministerio de Educación.

Las plataformas de padres de Castilla y León lo tienen claro: “No sólo es que no se adopte ninguna medida para garantizar a los padres ese derecho, como exige la Constitución, sino que éste es arrebatado una vez más, con palabras vagas e imprecisas, pero que ya hemos comprobado lo que están suponiendo en la práctica. Detrás de frases como la que aparece en este texto del Pacto: “Es necesario promover actuaciones a fin de garantizar la educación en los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada a todo el alumnado”, está el proceso de imposición de una determinada ideología en la escuela. Esto es lo que entiende este Gobierno por valores propios de una sociedad democráticamente avanzada: imposición del relativismo moral, del positivismo jurídico, de la ideología de género, del estatalismo, del pensamiento único y de una visión concreta de la sexualidad, imposiciones que vulneran la sentencia del 11 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo, que recuerda el deber de neutralidad ideológica de la escuela y prohíbe expresamente el adoctrinamiento. Todo esto, sin embargo, se va a ver reforzado si el Pacto sale adelante, puesto que así se dice en su texto: “Impulsaremos la educación en valores desde todas las áreas”.”

Para los representantes de las plataformas de padres de Castilla y León: “Todo se queda en palabras imprecisas. Es evidente que en ese impulso en lo que llaman ‘educación en valores’ entrará el capítulo educativo de la Ley del aborto, un aspecto que preocupa a miles de familias y que tampoco aparece en este Pacto, con lo que volveremos a encontrarnos ante una situación de hechos consumados que generará nuevos y graves conflictos en la escuela, porque muchos padres no vamos a aceptar esta nueva intromisión del Estado en cuestiones que afectan al ámbito de la moral y la intimidad de nuestros hijos”

“Es inaceptable que se pretenda forzar un Pacto en el que se ha excluido absolutamente la libertad de educación”, añaden. “Se ignora, entre otras cuestiones, el grave conflicto que está suponiendo la imposición de Educación para la Ciudadanía, un conflicto que ha lanzado a miles de padres a los Tribunales, a defender los derechos que el Estado les ha quitado, y que el Ministerio trata de eludir, una vez más, sin escuchar siquiera a los miles de familias que le exigen el respeto de sus derechos fundamentales”

A este grave conflicto se ha referido también Francisco José Ramos Vega, abogado de la mayoría de las plataformas castellano leonesas, que tiene actualmente más de 200 recursos en el Tribunal Supremo: “El próximo día 28 de abril, el Tribunal Supremo votará y fallará los primeros recursos de casación contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean exonerados de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía, sin que esta dispensa pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”.

Según Ramos Vega, “este alto tribunal debería ratificar la sólida fundamentación de estas sentencias de Castilla y León, que es difícilmente rebatible, con lo cual las sentencias serían firmes. Pero también puede revocarlas, sin entrar al fondo del asunto, limitándose a reproducir lo que ya dijo en las sentencias dictadas el 11 febrero de 2009. En este caso, nuevamente nuestro Tribunal Supremo dejaría sin resolver la controversia, planteada en términos de garantizar el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos, vulnerado por la configuración normativa de EpC. En este segundo caso, afirma el letrado, tenemos la firme decisión de recudir en amparo al Tribunal Constitucional.”

Así se expresan los portavoces de las plataformas castellanoleonesa: “Excluir del Pacto, por tanto, una cuestión que tiene a miles de familias defendiendo sus derechos en los tribunales, supone un desprecio a dichas familias y a la libertad de educación. Esperamos que los políticos que tienen en sus manos el futuro de nuestro Sistema Educativo no apoyen este Pacto y defiendan de forma efectiva la Libertad de Educación y los Derechos de los Padres”

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