Ante la nueva Ley de libertad religiosa

Que la Constitución tipifique al Estado español como incluido en el modelo de la aconfesionalidad con cooperación con las confesiones, y no en el modelo de Estado laico, es la lógica consecuencia de una evolución histórica, jurídica y cultural, paralela a las de los países de nuestro entorno.

Un entorno en el que cuajó de un lado el sistema laicista francés con raíces en la Revolución de 1789 y en la Ley de 1905, y de otro, el sistema cooperacionista propio de los que podemos llamar países concordatarios, que han mantenido y mantienen relaciones de entendimiento mutuo con alguna o algunas confesiones, dándose lugar hoy en ellos a la renuncia al sistema de confesionalidad, a la tutela de la libertad religiosa y a una cooperación que tipifica específicamente al modelo, tal como ocurre, amén de Alemania e Italia –ya citados–, en Portugal, y en varias naciones europeas e hispanoamericanas.

Se ha llegado a firmar que un Estado democrático ha de ser necesariamente laico, que la laicidad es un presupuesto de la democracia. Solamente Francia, que se declara laica en su Constitución, resulta así ser un Estado democrático en el conjunto de la Europa occidental, no siéndolo ni España, ni Italia, ni Alemania… ni a fortiori los Estados confesionales inglés, danés o noruego.

Pero en Francia el presidente de la República posee el derecho de presentación para la designación de obispos en algunas diócesis, o donde se prohíbe el velo islámico en la escuela, ¿podría seguir denominándose un Estado laico, para el cuál el hecho religioso carece de  relevancia civil?

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Ley 7/1980obtuvo en el Congreso de los Diputados un apoyo excepcional, con un número mínimo de abstenciones y ningún voto en contra. Resultaba el emblema, jurídicamente eficaz, de la reconciliación nacional en un terreno sometido desde hacía casi dos siglos a continuados enfrentamientos de las denominadas dos Españas. Resucitar esta “cuestión religiosa”, lacra tradicional de nuestra paz social y política, tal como lo está procurando el Partido Socialista desde que subió al Gobierno en 2004, supone echarse encima la gravísima responsabilidad de encender de nuevo la guerra que los legisladores de 1978-80 hicieron unánimemente todo lo posible por superar, con la total adhesión del cuerpo social.

Puesto que la realidad demuestra que el consenso social sobre la ética es una entelequia inalcanzable –en un mundo en que incluso se acepta y se enaltece y se justifica por muchos el terrorismo–, el Estado sabe que ha de elegir entre aceptar los principios éticos de origen religioso (que curiosamente son mayoritariamente comunes a las más diversas religiones) o establecer él tales principios. El Estado laico opta por lo segundo, y las religiones se convierten así en el principal obstáculo en su camino. De ahí la necesidad de, ya que no pueden ser suprimidas –se caería entonces en un laicismo totalitario negador de la libertad–, negarles el derecho a intervenir en la vida social restringiendo su presencia en el sector educativo –no a la enseñanza de la religión en la escuela pública, dificultades para la escuela privada, imposición de asignaturas de contenido arreligioso o antirreligioso–, en el sector familiar –creación de modelos familiares en contraste con los principios religiosos–, en el sector jurídico –limitaciones a la objeción de conciencia–, en el sector público –eliminación de símbolos religiosos–: la laicidad como obsesión, ya que es el único camino para que el poder del Estado sea omnímodo, a cuyos efectos hay que suprimir los derechos de la religión en cualquiera de sus manifestaciones fuera del ámbito estrictamente privado.

Un botón de muestra: la afirmación, reiterada hoy entre nosotros por determinados sectores, de que los obispos “no tienen derecho” a “intervenir en la vida política” señalando la inaceptabilidad de normas tales
como las que protegen el aborto, la eutanasia, etc. Y se refieren a los obispos porque son, en el caso de España, quienes pueden ser escuchados por un mayor número de ciudadanos y orientar el voto de un más alto sector social. Si tal fuese también el caso de los rabinos, los imanes o los pastores, el ataque se orientaría contra ellos. ¿Se les ha ocurrido que los obispos, y en general todas las jerarquías religiosas, no tienen el derecho, sino el deber de actuar así? El derecho lo tenemos los ciudadanos, los que siendo miembros de una confesión tenemos derecho a que nuestros dirigentes nos indiquen cuál es la doctrina sobre los grandes temas morales. Luego será cuestión personal de cada uno el seguir o no la doctrina de nuestra confesión, pero es indudable que necesitamos conocerla y tenemos el derecho a conocerla, y por tanto la jerarquía tiene el deber de exponerla.

Los laicistas no se dan cuenta de que, en realidad, lo que están haciendo es negar el derecho de libertad religiosa del individuo y no de la confesión, lo cual es bastante grave, pues la limitación de la libertad religiosa personal es la primera puerta del totalitarismo, que siempre comienza por eliminar los principios ético-personales para imponer los estatales. Como dijera Arturo Carlo Jemolo, cuando en un país comienzan a desaparecer las libertades, la primera que desaparece es la libertad religiosa; cuando empiezan a recuperarse, la libertad religiosa es la última que se recupera.

Alberto de la Hera