Los derechos del inmigrante, porque él lo vale

En nuestro país todos nos ponemos estupendos con la palabra tolerancia, que suele ser sinónima de un individualismo enloquecido, el que respeta infinitamente al otro porque, en el fondo, apenas le importa. Es tiempo de ideologías frágiles, como la punta de unportaminas. Todos nos afanamos en convivir pacíficamente, pero los especialistas hablan ya de la “cancelación del espacio ideológico”. No hay propuestas políticas serias.

Tras el derrumbe de la utopía comunista, nos hemos aletargado, y queremos encontrar la verdad en los agentes económicos y en las regulaciones técnicas del sistema, pero no en las propuestas políticas de fondo. La gran política en tiempos de guerra (véase Churchill), se vuelve urgente para salvar los patrones cívicos que configuran una civilización; pero en tiempos de paz, la gran política parece dedicarse a cortarse las uñas y sestear al fresco.

Está pasando con el debate de la inmigración. El ciudadano tiene la impresión de que ni al partido en el Gobierno ni a la oposición les interesa una postura clara, todo depende del mayor o menor peso de su decisión en las encuestas. Es la democracia demoscópica, inversión de la auténtica.

En España hay empadronadas 46 millones de personas. De ellas, 41 son españolas y 5,4 extranjeros. España es el segundo país de la UE por número de inmigrantes, detrás de Alemania. El número de inmigrantes irregulares es de 1 millón.

Frente a estos datos de pizarra, Rajoy pide una revisión de la Ley de Extranjería porque los inmigrantes irregulares tienen derecho a sanidad y educación gratuita aunque no estén empadronados (discurso muy interesado para su partido, ya que se decanta por un escoramiento social hacia la izquierda). La postura contraria dentro del partido es la de la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que reivindica estos días la autoría del lema “en Cataluña no cabemos todos”, para ganarse así el voto nacionalista. Zapatero, a propósito de Vic, dice que “no admitiría que por un truco, hubiera seres humanos sin sanidad ni educación”. Entonces, ¿por qué expulsa a los sin papeles?

Las declaraciones de nuestros políticos no atienden a principios sino a la urna.

El fenómeno de la inmigración exige políticos responsables con los derechos humanos de los inmigrantes, ya que hablamos de ellos desde una posición de exclusivo interés: porque nos hacen falta para asegurar nuestro sistema de pensiones, ya que nuestro país envejece, y para realizar los trabajos que no queremos. De hecho, en muchos municipios se hace la vista gorda porque a los sin papeles se les emplea en el campo, cobrando una miseria y sin seguridad social.

Hoy por hoy, las migraciones son descritas y analizadas como un problema que afecta a la seguridad de los Estados y de ahí que las respuestas lo sean también en clave policial. La inmigración, los inmigrantes son vistos como un peligro que atenta al orden y al bienestar de las sociedades desarrolladas, en lugar de una oportunidad más. La obsesión securitaria no es la premisa adecuada para tratar el fenómeno de la inmigración.

Aunque un inmigrante se encuentre en situación irregular, no puede perder sus derechos básicos, como el derecho de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga, y la asistencia jurídica gratuita; pero, sobre todo, el derecho de emigrar, intrínseco e inviolable, aunque su presencia no nos venga bien. Por eso, la solución habría que buscarla en un gran Pacto de Estado entre el Gobierno, las CCAA y los agentes sociales; el desarrollo de contratos de integración, la financiación de servicios básicos y los acuerdos de cooperación con los países de origen. Y todo ello porque el inmigrante lo vale, por su dignidad.