El peso de la familia en la sociedad tiene su apoyatura en la propia cotidianidad

El pasado domingo tuvo lugar un acto religioso en la Plaza de Lima de Madrid, durante la fiesta de la Sagrada familia. Familias llegadas de toda Europa se dieron cita para participar en la celebración de la eucaristía, que presidió el presidente de la CEE, Antonio Mª Rouco Varela.

Parece evidente que la vida de la familia se desarrolla en el ejercicio silencioso de su propia cotidianidad, sin embargo la participación del pasado domingo de miles de familias venidas de toda Europa, sirvió como expresión pública de una institución que dio testimonio de sus necesidades.

La ayuda a la familia no puede reducirse a una cuestión económica, sino a devolverle su protagonismo social mediante un suficiente reconocimiento de todos los bienes que aporta a la vida de la sociedad, lo cual se realiza en relación a los aspectos principales que están en cuestión en la vida familiar como son la vivienda y su precio, la educación, la coordinación entre el trabajo y la familia, etc. Es aquí donde está en juego el verdadero desarrollo de la familia y, por ello, donde se dan los mayores problemas, que afectan a una inmensa mayoría de las personas y que constituyen el contenido fundamental de cualquier política familiar. Este planteamiento no excluye de ningún modo las necesarias ayudas económicas; en este sentido siempre ha llamado la atención que los distintos planes de política familiar global que se han hecho en España no han contado nunca con recursos presupuestarios.

Hay que aclarar que a una familia le beneficia mucho más una ayuda económica progresiva, como pueden ser por ejemplo desgravaciones fiscales, y/o aportaciones regulares y periódicas, que otra solo puntual. Hay que reconocer por eso que, en su conjunto, España, entre los países europeos desarrollados, está en el vagón de cola en cuanto a ayuda económica a la familia por hijo.

La objeción de conciencia ante realidades que afectan a la libertad de los padres sobre la edeucación de sus hijos

La objeción de conciencia se tiene que plantear siempre no directamente como resistencia subjetiva a una ley, sino como expresión de defensa de un derecho fundamental que, de otro modo, puede ser ofendido. Los primeros responsables de la educación de sus hijos son los padres. A partir del ejercicio real de este derecho es como se ha de considerar los distintos modos de defenderlo dentro del ordenamiento jurídico y social de cada país. Es en este marco donde hay que situar la objeción de conciencia, que es un modo más de esta obra de construcción social, respetuosa de la dignidad de la persona humana.

En la cuestión de la familia estamos ante un debate cultural. Existe una cultura pansexualista que se ha configurado en la revolución sexual de los años sesenta del siglo pasado.  Todo ello se ha agravado tras la celebración de las Conferencias Internacionales de El Cairo y de Pekín, que han aceptado en su lenguaje y en sus resoluciones la «ideología de género». A partir de los criterios emanados de estas Conferencias se ha buscado en el ámbito político una disolución de la concepción de la familia en los denominados «modelos familiares» y una justificación social de cualquier género sexual. Esta ideología ha sido asumida y traducida por algunas recomendaciones legislativas emanadas de la UE que han influido muy negativamente en los parlamentos de los países europeos.

En España hay un divorcio cada 3,7 minutos

En un estudio, difundido por el Instituto de Política Familiar (IPF) que se basa en datos sobre rupturas matrimoniales procedentes del Consejo General del Poder Judicial, en España se produjeron el año pasado un total de 141.817 divorcios, lo que supone un incremento del 51% respecto al año anterior y del 169 frente a 2004.

‘Los datos son de tal envergadura que por cada cuatro matrimonios que se realizan en España se divorcian tres. Se produce un divorcio cada 3,7 minutos, es decir 16 cada hora y 386 divorcios al día’, señaló el informe del IPF. Canarias, Baleares y Cataluña fueron las Comunidades Autónomas con mayor tasa de divorcios, mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura, Castilla y León, Castilla La Mancha y País Vasco. Según las cifras, en el período de cinco años entre 2001 y 2006, el crecimiento de los divorcios ha superado el 277%.

El presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, destacó que estos datos deben interpelar a la sociedad española y a las administraciones públicas, que deben replantearse la situación y tomar medidas urgentes y un cambio de rumbo en cuanto a medidas legales, protección social y cultural del matrimonio y la familia.

España aprobó en junio de 2005 la conocida como ‘Ley del divorcio express’, que permite una disolución del matrimonio más directa y rápida, sin causas, y que por primera vez recoge la posibilidad de la guarda y custodia compartida de los hijos, que obtuvo del visto bueno de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular. La reforma del divorcio suprime la separación previa, reduce los plazos y las causas para solicitarlo.