Francia renuncia a las pruebas de ADN para inmigrantes que desean la reagrupaación familiar

El Gobierno francés ha abandonado un proyecto sobre el protocolo para la reagrupación familiar de inmigrantes, que consistía en demostrar la consanguinidad por medio de la prueba de ADN.

Los inmigrantes que solicitan el reagrupamiento suelen tener dificultades para probar la pertenencia a la familia, puesto que en muchas ocasiones no existe acceso a documentos fiables o un censo contrastado. Por eso, Francia pretendía que el ADN señalara los verdaderos vínculos familiares. Sin embargo, el ministro de Inmigración, Eric Besson, renuncia a aplicar esta medida sobre el ADN, puesto que carece de los medios necesarios para llevar a cabo este protocolo.

Según Besson, “sólo la madre puede solicitar esta prueba, para que quede probado el reagrupamiento familiar, y sólo voluntariamente”. El ministro afirma que “la ley especifica también que es necesario garantizar la confidencialidad, la seguridad y el hecho de que de ninguna manera se creen ficheros”. De este modo, y en su opinión, los consulados franceses “no están equipados con el material necesario como para garantizar” estas condiciones. Así, Francia da marcha atrás en un proyecto que comenzó en octubre de 2007, y que ha estado repleto de disquisiciones. De hecho, la manera como tuvo que redactarse este protocolo, para no contradecir la Constitución, resultaba muy compleja. Como sostenía en su momento el propio Besson, “los legisladores aportaron tantas obligaciones que esa ley no es aplicable dentro del Estado”.

Besson, antiguo militante socialista y ahora ministro de Sarkozy, no se mostró en ningún momento entusiasmado con esta ley. Después de dos años, su decisión de no aplicar la ley y dejarla en vía muerta ha generado nuevas opiniones contrapuestas. Desde la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, se apoya de manera abierta la postura de Besson. Por otra parte, el presidente del grupo de la UMP (partido de Sarkozy) en la Asamblea Nacional, Jean-François Copé, dice que la ley fue aprobada por el Legislativo, y por tanto el Gobierno está obligado a hacerla cumplir. En un punto intermedio se sitúa el primer ministro François Fillon: “No se entierra una ley como se ha dicho por ahí: simplemente, no es aplicable. Por el momento, no tenemos medios para ponerla en marcha con las garantías prescritas. Así que mientras no los encontremos, no se aplicará”.