Un comité de la ONU ataca las leyes que defienden la vida en Nicaragüa

El comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura declaró que la protección absoluta de la vida en gestación contemplada en las leyes nicaragüenses constituye una violación de las obligaciones a las que el Estado está sujeto por adherir a la Convención. Es la primera vez que este comité examina a Nicaragua desde que el gobierno penalizó el aborto en todos los casos, tres años atrás.

(El Guijarro Blanco) La noticia la hemos leído en C-FAM, donde el periodista Piero A. Tozzi denuncia que esta es la cuarta ocasión en la que un comité supervisor de la ONU presiona a Nicaragua sólo porque sus leyes se atreven a proteger la vida intrauterina. Así, el Comité de la Comisión contra la Tortura se suma al de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en inglés, CEDAW), al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles.

Los críticos muestran su creciente preocupación ante lo que consideran una manipulación politizada del sistema de control del cumplimiento de los tratados. Ni la Convención contra la Tortura, ni ningún otro acuerdo menciona el aborto. Tampoco se estableció, cuando se negociaron y ratificaron los pactos mencionados, que los países se comprometían a modificar su legislación interna en los que respecta al aborto.

Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha interpretado a conciencia que sus disposiciones se aplican sólo en casos reales de discriminación racial. Este Comité fue objeto de críticas por parte de altos funcionarios de derechos humanos, al negarse a extender su autoridad más allá de los límites del tratado que le dio origen y no abrazar la defensa del aborto.

Amnistía Internacional, organización pro-abortista desde 2007

Entre las organizaciones cabilderas de derechos humanos que paulatinamente han ido prestando su voz a la defensa del derecho al aborto en el mundo en desarrollo se encuentra Amnistía Internacional, organización que, en 2007, abandonó su postura neutral respecto de este tema. En un breve informe alternativo presentado ante el Comité contra la Tortura, Amnistía Internacional asegura que la legislación nicaragüense que penaliza el aborto en todos los casos equivale a la “tortura” por encargo del gobierno, o, al menos, al “trato inhumano y degradante” que prohíbe la Convención.

Amnistía se justifica diciendo que las leyes de Nicaragua “provocan la muerte de niñas y mujeres”, afirmación de la que disienten los analistas pro-vida. Carlos Polo, director de la sede latinoamericana del Instituto de Investigación sobre la Población y observador cercano de los avances sobre salud materna en Nicaragua, advierte que “el índice de mortalidad materna es el mejor indicador de lo que sucede en cualquier país respecto de las malas prácticas en los servicios ginecológicos y obstétricos”. Polo hace referencia a las estadísticas del Ministerio de Salud nicaragüense, las cuales señalan que las muertes por maternidad han disminuido desde que el Estado reforzó sus leyes contra el aborto.

En contraposición a los intentos de Amnistía Internacional de establecer una relación entre el aborto y la muerte materna, obviando lo que la evidencia demuestra, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), institución claramente pro-abortista, ha comenzado a evitar esa clase de afirmaciones. Éste criticó al Brasil en una reciente presentación ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque ese país enfatizaba que la falta de acceso al aborto es la “causa más saliente” de mortalidad materna. El Centro remarcó, por el contrario, que esta se debe a la falta de provisión de servicios obstétricos de emergencia. Es más, el CDR elogió a Sri Lanka por haber reducido el índice de mortalidad materna. Cabe destacar que el Centro de Derechos Reproductivos reconoció, en otras oportunidades, que el país asiático tiene uno de los sistemas legales más restrictivos en materia de aborto.

Tiempo atrás, el Comité contra la Tortura ejerció presión sobre Chile y Perú, cuyas constituciones amparan la vida en gestación.

Reformas dominicanas pro-vida amenazadas por un poderoso grupo de presión

Días atrás, la periodista Susan Yoshihara, también en C-FAM, había denunciado que La República Dominicana también había sido atacada por los promotores del aborto más poderosos del mundo, quienes habían intentado bloquear la propuesta de una enmienda constitucional que consagraría legalmente la defensa de los niños en gestación.

La Coalición Internacional para la Salud de la Mujer (IWHC, según sus siglas en inglés), respaldada por naciones europeas, importantes fundaciones y el Fondo de Población de la ONU, ha lanzado una fuerte campaña para hacer fracasar el Artículo 30, que protegería la vida humana “desde la concepción”. Por amplia mayoría (167 votos a favor y 32 en contra), la Asamblea Nacional aprobó la enmienda en una primera lectura el 21 de abril pasado, pero debe ser sometida a una segunda lectura antes de ser promulgada por el Presidente.

Con mentiras para que los Estados introduzcan leyes en favor del aborto

La IWHC intenta persuadir a los dominicanos para que se vuelquen a las calles e impulsa campañas masivas de cartas en las que dice que el Artículo mencionado “viola los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana, como, por ejemplo, el Acuerdo Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles (AIDPC), el Pacto de San José de Costa Rica, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (en inglés, CEDAW).

En realidad, el Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Los tratados de la ONU referidos (el AIDPC y la CEDAW) no hacen mención al aborto, y los comités que supervisan su cumplimento examinan cada vez más minuciosamente el modo de hacer una lectura pro-abortista de los tratados, a fin de presionar a los Estados Partes para que introduzcan leyes en favor del aborto.