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Obama cambiará poco o nada la política de inmigración heredada de Bush

31 mayo 2009

El Presidente Obama llegó a la Casa Blanca con la promesa de acometer muchos cambios, y de ayudar a los más necesitados. Y dio a entender que iba a reformar la política de inmigración en Estados Unidos. Se trataba de uno de los puntos que más críticas generó contra el Presidente George W. Bush, de manera que se esperaba de Obama una revisión profunda de esta materia.

A causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Bush dejó aparcada una reforma sobre inmigración que llevaba un tiempo pendiente. Al final de su época de gobierno, Bush optó por dar una de cal y otra de arena, para sorpresa de propios y extraños: de una parte, reforzó las medidas contra la inmigración ilegal; pero por otra parte permitió un resquicio suficiente para regularizar a los “sin papeles” que ya vivían en el país. Las disposiciones contra la inmigración ilegal desagradaron al ala más progesista de los demócratas, mientras que las facilidades para la regularización de indocumentados molestó al ala más dura de los republicanos. A partir de aquí, la división entre los dos partidos se hizo profunda en lo referente a la política de inmigración.

obamaPor tanto, había muchas esperanzas depositadas en un Obama que resolviera el problema de modo justo y equilibrado. Sin embargo, el nuevo Presidente ha empezado a echar balones fuera, arguyendo que hace falta inspeccionar la cuestión con más detalle, a fin de no alterar las medidas de seguridad y vigilancia que necesita EEUU. Este comentario apunta hacia una reforma de la inmigración que, en la práctica, será bastante fiel al planteamiento de Bush, con todo su elenco de restricciones que tantas críticas suscitó. En concreto, el actual gobierno de EEUU ha anunciado que dedicará 8.000 millones de dólares a reforzar los sistemas de vigilancia electrónica situados en la frontera con Méjico. Además, la entrada ilegal en el país seguirá siendo considerada como delito federal; y se gastarán 1.100 millones de dólares en identificación de inmigrantes ilegales confinados en presidios locales, no sólo federales y estatales como sucedía hasta ahora.

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