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Para manejarnos en democracia

26 abril 2009

La democracia no se puede reducir a un mecanismo de regulación de intereses, como si fuera un entramado de señales de tráfico en las que nos ponemos de acuerdo para no provocar accidentes.

Las leyes tampoco pueden ser  una especie de denominador común de las diversas opiniones e intereses presentes en la sociedad. Sin unos principios de familia comunes a todos,  como son los de la dignidad humana y la solidaridad,  la democracia no puede asegurar una paz estable, sino ilusoria. 

Es verdad, existen muchos regímenes participativos en los que  la regulación de los intereses se produce en beneficio de los más fuertes, con capacidad para maniobrar no sólo las palancas del poder, sino  la formación del consenso. La democracia se convierte así fácilmente en una palabra vacía.

La democracia no puede funcionar bien como un mero juego de mayorías y minorías con independencia de su sustrato ético, es decir, del reconocimiento y del respeto efectivo de los derechos fundamentales. Cuando la crisis de la conciencia moral en la sociedad afecta a un bien tan decisivo como, por ejemplo,  la vida humana, no es de extrañar que la crisis moral pueda extenderse a otros aspectos de la existencia de las personas y sociedades.

Si el escepticismo llega a poner en duda los principios fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación  de intereses diversos y en muchos casos contrapuestos.

Vamos con un ejemplo: el derecho fundamental e inalienable de los padres y de las escuelas, en colaboración con ellos, a educar a sus hijos en los principios morales que libremente asumen y cultivan. El Estado no puede ignorar tal derecho básico. Se violan los derechos de los padres y de las escuelas cuando se impone legalmente una determinada visión antropológica y moral, es decir, una formación estatal de las conciencias.

¿Cuál sería el contenido de una auténtica Educación para la Ciudadanía? Una oferta de formación jurídica básica sobre las Declaraciones de los Derechos Humanos o sobre la Constitución Española, por ejemplo.

¿Por qué tiene que existir una asignatura de Religión optativa en los colegios públicos? Porque  responde al ejercicio de un derecho fundamental, el que los padres reclaman año tras año y de modo masivo.

Pero la crisis de la conciencia moral afecta no sólo a los campos de derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la educación, sino también al derecho al trabajo. Bastantes y cualificados especialistas consideran que las muy graves dificultades que padece nuestra economía, en el marco de una crisis de carácter mundial, también tienen que ver con una crisis global de naturaleza ética.

La situación económica ha ido empeorando. Será muy difícil superar esta crisis, de tan hondas raíces morales y humanas, sin el respeto de los imperativos espirituales y morales de sobriedad y austeridad de vida, algo a lo que no estamos acostumbrados en absoluto. Como tampoco lo estamos a la aceptación del sacrificio personal, compartido por todos, en aras del bien común; de la concepción y realización del trabajo como un derecho, pero también como un deber. 

Tiene que nacer una regulación jurídica y administrativamente eficaz de la vida económica que proteja mejor a las instituciones estatales, a las financieras y a las empresas de conductas gravemente egoístas e inmorales, tantas veces estimuladas por generalizados patrones de vida marcados por el ansia del enriquecimiento rápido. Sólo así se podrá reestablecer una confianza social.

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