La eyaculación precoz de la subcomisión del aborto

¿Ya está?, ¿eso era todo?, ¿y tanto ruido para un carpetazo tan fugaz? Carmen Montón, portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad, aseguró la pasada semana que tras escuchar a 30 expertos -12 propuestos por su grupo, 12 por el PP y el resto por los minoritarios- «ha quedado claro que existe un debate que se está produciendo en la sociedad» y que afrontar la elaboración de una nueva ley es «una demanda social». Un sofisma en toda regla. Porque, que exista debate social, no exige la aplicación de la ley, sino su moratoria, precisión o reconsideración. Debate significa, justamente, la suspensión de una decisión definitiva. 

El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, denunció el pasado viernes que el aborto es fruto de la violencia, desigualdad y exculsión que sufre la mujer embarazada y añadió que la “única salida” que se le ofrece es el aborto.

Durante su comparecencia en la subcomisión del Congreso que se encarga de estudiar la reforma de la ley del aborto, señaló que, como factor de desigualdad, los servicios sociales ven a la mujer embarazada como “una irresponsable; la pareja, como “una amenaza de violencia”, y la empresa como “un coste difícil de asumir”.

En este sentido, añadió que el aborto es “la punta del iceberg” de la situación de la mujer, “y la raíz de su problema es lo que hay debajo de esta situación de riesgo, denominado mobbing maternal”.

“El aborto –continuó– no soluciona estos problemas, sino que los agrava, generando un trauma mayor y consolidando la situación de injusticia social, desigualdad laboral y violencia machista que sufre la mujer”.

A pesar de manifestaciones tan graves, como las del presidente de la Fundación Madrina, la subcomisión del aborto no ha sido más que un entretenimiento, trámite o compás de espera para la redacción del informe que será evaluado por el comité creado por el Ministerio de Igualdad, que se ha encargado de que todos sus miembros sean partidarios de los planes de ampliación del aborto que persigue el Gobierno.

Se ha cerrado la subcomisión sin que pudieran acercarse más comparecientes, y sin poder pedir informes trascendentales: uno sobre el aborto y la adolescencia en Europa, y otro sobre el síndrome postaborto.

Ya se habla de la nueva realidad del aborto libre en nuestro país, con dos ingredientes novedosos:

1.-Que exista una regulación para que puedan abortar, sin autorización paterna, las menores con «suficiente juicio».

2.-Que, a imitación de lo que ocurre en Grecia o en el Reino Unido, se permitia el aborto por encima del periodo máximo permitido que se establezca, y por una causa tan etérea como: «El conflicto personal de la madre».

El PSOE, más que en los argumentos de los expertos provida en la subcomisión, se ha aferrado a las posiciones de dos catedráticos que apuestan claramente por el aborto: Francisco Balaguer, de la Universidad de Granada, y Javier Pérez-Royo, de la de Sevilla. Para Balaguer, «es perfectamente posible y lícito» incorporar un sistema de plazos que «establezca la libre decisión de la mujer. El nasciturus es titular de un bien jurídico, pero en ningún caso de un derecho fundamental. Se produce una colisión con los derechos, que esos sí son fundamentales, de la mujer. Ante esta colisión se debe aplicar un criterio de proporcionalidad que hace que no sea incompatible con una ley de plazos porque primero se deben atender los derechos fundamentales de la mujer y, más tarde, a los derechos del nasciturus».

Para Javier Pérez Royo: «El nasciturus no es una persona y sin el concepto de persona no se puede realizar ninguna argumentación jurídica. La ley tiene que proteger a la mujer embarazada porque ella sí tiene derechos fundamentales y entre ellos tiene el derecho a interrumpir el embarazo y el derecho a exigir que el Estado la auxilie y el Estado el deber de hacerlo. El aborto es un derecho constitucional de la mujer embarazada. Frente a los derechos de la la mujer no hay ni ninguna persona que sea titular de derechos fundamentales, ni el nasciturus, ni el padre ni nadie».

Con posturas tan ideológicas, se rechazan las pruebas cada vez más terminantes en el mundo científico de que la vida empieza inmediatamente después de la fecundación. Y se olvida que el Tribunal Constitucional ha dicho que el Estado tiene el deber de proteger al no nacido, y de no interrumpir el curso de la gestación, porque se trata, en definitiva, de la vida de seres humanos.

¿Por qué se sigue apostando por el aborto? Lejos de solucionar el problema, lo multiplica, como demuestran las alarmantes cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad relativas a los abortos practicados en España en 2007, que aumentaron en un 10% respecto al año precedente.

Un dato que revela el fracaso de las Administraciones Públicas en el objetivo de reducir el número de abortos en nuestro país y representan un signo elocuente de que una ampliación de la ley del aborto aumentará aún más el número de muertes de niños y el sufrimiento de las mujeres, puesto que ya no sólo elimina al no nacido, sino que siempre es una tragedia para la mujer, que nunca aborta por deseo y que reclama ayudas y alternativas frente a verse abocada a sufrir graves riesgos y consecuencias para su salud.

¿Por que en la subcomisión no se ha oído al colectivo de discapacitados, o a las madres que han sufrido abortos provocados tras diagnosticárseles una trisomía 20, que han reclamado públicamente ser escuchadas y que se han pronunciado frente al llamado aborto eugenésico?

¿Por qué no se ha hablado en serio del tercer supuesto de la ley que, en la práctica, funciona como un mecanismo para defraudar la ley? Los mismos datos de sanidad reconocen que  fue el motivo esgrimido en el 96,93% de los abortos perpetrados en 2007.

¿Ya está?